Cuentan los viejos que en este país hubo una guerra y, como sucede en todos los conflictos bélicos, la infancia fue la parte de la sociedad que peor parada salió. Más de 33 000 niños y niñas huyeron rumbo a lugares en los que poder deshacer su hatillo, respirar algo de paz y comer el soñado pan blanco. En homenaje a estas niñas y niños refugiados; en concreto, a los 236 llegados del País Vasco a Gales, el equipo de fútbol Newport County vestirá la camiseta visitante rojiblanca del Athletic Club de Bilbao durante la temporada 2025-2026.

La huida infantil no ha parado. A nivel mundial, Save the Children estima que, solo en el último año, ha habido 30 millones de niños y niñas que se han visto obligados a abandonar su país de origen en busca de seguridad u oportunidades de subsistencia. La inmensa mayoría de estos niños y jóvenes han cruzado fronteras internacionales sin sus progenitores ni ninguna persona adulta de referencia; es decir, en completa soledad. Los países de los que más salen los y las menores desplazados son Sudán, Birmania, la República Democrática del Congo, Afganistán y la Franja de Gaza. En el último caso, el del Estado de Palestina, el genocidio, del que es víctima el pueblo gazatí a manos de Israel, ha dejado la escalofriante cifra de 19 000 niñas y niños solos, debido a que sus madres y sus padres han sido asesinados.

En las investigaciones sobre el Sur Global se ha indagado en las consecuencias poscoloniales de la modernidad en los territorios sometidos históricamente a las metrópolis. Al mismo tiempo, las guerras, la crisis climática y la sobreexplotación de los recursos naturales se han cebado también con esos pueblos empobrecidos. En el momento actual, la huida de población joven y adolescente desde los países empobrecidos hacia los enriquecidos, agudiza aún más la polarización económica, condenando el futuro sureño a una miseria permanente. Abdelmalek Sayad, uno de los expertos más relevantes en sociología de las migraciones, afirmaba ya en 1999, en su libro La doble ausencia, que inmigración y emigración son dos caras indisociables de una misma realidad.

En España comienza a registrarse la llegada de niños y niñas no acompañados en la década de los años 90, y desde entonces no ha parado de incrementarse. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), a fecha de 31 de marzo de 2025 había 7 391 personas migrantes, llegadas sin familias, entre 16 y 18 años, y sus países de origen eran, principalmente, Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal. En los cinco primeros meses de 2025, han fallecido 1.865 personas, de las cuales 342 no habían alcanzado la mayoría de edad, datos recogidos por la ONG Caminando Fronteras. Mbuyi Kabunda Badi, miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, entiende que las migraciones son un fenómeno estructural del futuro, imparable mientras que sigan las desigualdades de toda índole.

Durante la última década del siglo pasado, los menores que llegaban separados de sus familias eran en su mayoría marroquíes y de sexo masculino. Las regiones del norte de Marruecos —y, especialmente, ciudades como Tánger y Tetuán— fueron el punto de partida para llegar al sur español. El medio más utilizado para pasar la frontera eran los bajos de camiones, autobuses y coches. Pero con el cambio de siglo, se introduce un nuevo escenario, aún más peligroso si cabe, ya que empieza la paterización de la infancia migrante. Este es el término acuñado por la investigadora Mercedes Jiménez Álvarez en su trabajo de 2005, Las otras migraciones: la emigración de menores marroquíes no acompañados a España, para explicar la nueva situación. La patera o cayuco pasa a ser el medio por antonomasia para huir de países como Nigeria, Sierra Leona, Senegal, Ghana, Mali o Guinea-Conakri e intentar alcanzar las islas Canarias.

A partir del año 2000 no solo se incrementan las llegadas de cayucos; también lo hacen las de mujeres migrantes menores de edad. Las zonas geográficas de las que provienen las chicas son, máxime, Europa del Este, Nigeria y Marruecos. Las causas por las que se ven obligadas a salir giran en torno a fuertes estructuras patriarcales; conflictos graves en el seno familiar, embarazos que las han hecho ser repudiadas o maternidad en la adolescencia. En menor medida, el deseo de aventura o el anhelo de viajar. La antropóloga e investigadora María Dolores Juliano Corregido ha denominado a este colectivo migratorio como “refugiadas de género”.

La mujer lo tiene mucho más complicado que el hombre. A ella se le exige en su país de origen que cumpla su deber “como mujer”. Esto implica, entre otras cosas, la renuncia al derecho a la formación —es decir, se obliga a las mujeres a dejar los estudios, si es que alguna vez llegaron a entrar en el sistema educativo—, matrimonios forzosos, reclusión en el ámbito privado e imposibilidad de acceder al espacio público ni a relaciones sociales. La represión estructural de género, que abarca todos los ámbitos de sus vidas, las convierte en esclavas en sus sociedades de origen. Y esta esclavitud, en ocasiones, no termina con la llegada al soñado suelo español. Una vez en España, son captadas para ejercer la prostitución o puede que esta captación haya tenido lugar ya antes de llegar.

Al igual que les ocurrió a aquellas españolas migrantes que, huyendo del hambre y la represión, se buscaron una vida mejor en Centroeuropa en la década de 1960 o en Argentina a comienzos del pasado siglo, y fueron víctimas de la trata de seres humanos con fines sexuales. Expertos como José Babiano, Ana Fernández Asperilla y Pilar Cagio Vila han investigado la emigración española, indagando en los diferentes movimientos migratorios. Los dos primeros han examinado la migración hacia países europeos, mientras que Cagio Vila ha centrado su investigación en la migración gallega hacia Argentina. Tanto en el caso europeo como en el argentino, el proxenetismo estaba al acecho de chicas españolas para convertirlas en esclavas sexuales.

Las menores migrantes que han llegado solas y, por fortuna, no han caído en redes de prostitución suelen estar empleadas en la esfera de los cuidados, por lo que quedan relegadas al trabajo doméstico precario, desregularizado y clandestino. Por lo general, las jóvenes llegan más tarde que los chicos a los servicios de protección al menor. Aquellos y aquellas migrantes que carecen de documentación identificativa y no acceden al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados quedan en situación de desamparo. La entrada en las bolsas de marginación de la inmigración eleva el riesgo de trata con fines de trabajos forzados y de caída en la delincuencia, así como explotación sexual.

Una vez acreditada la edad del menor, los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos quedan incluidos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. La incorporación a este registro las permite acceder a las medidas de protección necesarias. Dado que la persona se encuentra en situación de desamparo, y una vez descartada la repatriación al país de origen, se le aplica la legislación nacional en materia de asilo (Ley de 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria). En el momento en que se deriva al menor no acompañado a un centro de acogida, y queda bajo la guardia y custodia de la administración pública, este puede acceder a la educación, a la sanidad, a la tramitación de autorizaciones de residencia y de trabajo, así como a otros servicios que permitan salvaguardar la protección de la persona menor.

En el sistema neoliberal, donde prima la obtención del máximo beneficio por encima de las personas, los y las menores migrantes que han llegado separados de sus padres no se libran de ser carne de cañón. La asociación Oportunidades de Vida, beneficiaria de ayudas a la migración en Las Palmas de Gran Canaria, fue investigada en 2024 por presunta explotación de menores migrantes en fincas agrarias (elDiario.es recogía la noticia el 25 de agosto de 2024). Teodoro Bondyale, miembro de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) ha denunciado que el sistema de atención a los y las jóvenes migrantes es utilizado por algunas entidades para lucrarse, estableciendo relaciones de interés y puramente económicas en detrimento del cuidado y el bienestar del menor.

En un centro de menores de Puerto de la Cruz, algunos migrantes menores denunciaron los malos tratos que sufrían a manos de las personas trabajadoras en una zona de aislamiento, a la que denominaban “el quinto piso”. Las agresiones quedan por lo general impunes, ya que se entiende que si se les agrede es porque son culpables. El Defensor del Pueblo señalaba en 2024 que lo más preocupante era la dificultad de acreditar los malos tratos en los centros de internamiento de extranjeros.

Por ello, Save the Children exige la elaboración de un plan nacional y que sea el Estado quien garantice y vele por la protección del menor a lo largo de todo el proceso, tanto en el tiempo de tutela como al cumplir los 18 años. La transición a la vida adulta es vital, pues garantizando la formación, la integridad y el desarrollo de la persona se sientan las bases para su inserción social. En consecuencia, es preciso que los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, que son quienes más han sufrido en el proceso de migratorio, no queden en manos de las comunidades autónomas, ya que estas presentan diferencias significativas en cuanto a las políticas migratorias.

La vigilancia policial constante, la dificultad para integrarse en el mercado laboral, la precariedad educativa o la asimilación cultural, fomentan el sentimiento de no pertenencia en el colectivo de migrantes, siempre latente en su búsqueda perpetua de un lugar mejor. Los discursos de odio ensalzados por políticas y políticos sin escrúpulos han cargado el acrónimo “MENA” de connotaciones perversas y totalmente inexactas. España, que ha tenido una fuerte trayectoria emigrante, ha sufrido en sus propias carnes la xenofobia. Herminio Camblor, quien llegó a Francia con 4 años acompañado de su familia en 1957, narra con crudeza el odio del que fue víctima por ser un niño migrante: “A mí me decían: ”Tú, español, que vienes a comer el pan de los franceses. Tú no tienes la misma sangre que nosotros“ (testimonio recogido en El País, el 16 de mayo de 2019).

Ian Goldin, catedrático de Globalización y Desarrollo en la Universidad de Oxford, defiende la necesidad de integrar la inmigración como un motor de innovación para el desarrollo económico, cultural y social de los países receptores. Goldin va más allá del interés económico que supone para estos últimos y pone de manifiesto valores tan importantes como la justicia social y los derechos humanos. Las personas que se ven forzadas a abandonar su país lo hacen a causa de las guerras, de la pobreza o de la crisis medioambiental. “La falta de integración”, apunta “no es un problema de los inmigrantes, sino de las sociedades que no crean las condiciones adecuadas para la inclusión”.

El Estado español arrastra un descenso de la natalidad desde el siglo pasado. La Gran Recesión de 2008 agudizó todavía más el descenso de nacimientos. Además, durante ese periodo, un número importante de personas jóvenes se vieron obligadas a salir del país por falta de empleo; a este movimiento migratorio se le conoce como “migración neohispánica”. Entre el 1 de julio de 2008 y el 1 julio de 2013, se estima que 262 081 personas españolas salieron al exterior en busca de empleo, (cifra recogida en El Huffington Post (2014)).

Los y las menores migrantes que han llegado en los últimos tiempos a nuestro país forman parte de la cohorte nacida durante la Gran Recesión. Lejos de realizar una defensa utilitarista, valorando a las personas migrantes menores únicamente por la contribución económica. Una integración exitosa ayudaría a España a reforzar la situación presupuestaria y, a la vez, a superar los desafíos demográficos. Las economías europeas desarrolladas tienen la obligación de defender el cuidado y atención de las personas migrantes, así como el desarrollo individual y social de dichos colectivos, ya que estamos ante un asunto de derechos humanos y justicia social.

Alemania, en el año 2016, no dudó en acoger a un gran número de personas refugiadas, -en torno a 300.000 señalaba Deutsche Welle, 15 noviembre de 2016-, ante la alarmante crisis migratoria que se produjo en Europa el año anterior. A la atención de estas personas, se le destinó una partida importante del presupuesto, unos 22 mil millones de euros. Dicha partida presupuestaria garantizaba la cobertura de las necesidades básicas, el acceso a la vivienda y al sistema educativo, así como apoyo jurídico y social para el refugiado. En Berlín, por ejemplo, un número importante de los centros que impartían lenguas extranjeras ofrecían cursos de integración gratuitos de alemán, estos eran financiados por el Estado. La formación profesional se impulsó como nunca en la comunidad recién llegada, se agilizaron los trámites de homologación de títulos universitarios y la propia universidad alemana se nutrió de alumnado sirio, afgano, iraní e iraquí.

En el momento actual, 2025, el país germano, que en los últimos años ha reducido drásticamente el número de personas refugiadas, continúa destinando partidas presupuestarias a los y las menores migrantes que llegan solos. Un amplio sistema de protección social y, sobre todo, educativo respalda a las personas menores refugiadas. Durante los años de formación, el Estado se encarga de la manutención, la vivienda y la matriculación académica. La finalidad es facilitar la formación y el posterior acceso a un mercado de trabajo cualificado.

En cambio, la Comunidad de Madrid dejó el pasado año en situación de sinhogarismo al 20 % de los menores tutelados que llegaron a la mayoría de edad. El informe Memoria 2024 Plan Autonomía Personal 16-21 ponía de manifiesto “la necesidad de implantar [en Madrid] los programas de segunda oportunidad en 2025, dado que un número significativo de menores salen de los recursos de protección en situación de extrema vulnerabilidad”. A este respecto, Paloma García de Viedma Alonso, coordinadora del Programa de Defensa Jurídica en la Fundación Raíces, hacía las siguientes declaraciones en la Cadena Ser, el 6 de julio de 2025: “La edad media [de emancipación] de una persona española es de 30 años y le estamos pidiendo a un migrante que lo haga con 18 años, cuando los españoles estamos en nuestro país, tenemos aquí a nuestra familia, hablamos el idioma, entendemos la cultura; es un sinsentido”.

Ninguna persona menor ni adulta debería verse forzada jamás a abandonar su país, arriesgando la vida en su intento de alcanzar un mundo mejor. La Unión Europea, galardonada con el Premio Nobel en 2012 por su defensa de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en su territorio, anula ese alto reconocimiento en el momento en que externaliza el control de sus fronteras y contribuye a que mueran miles de personas tratando de alcanzar su ansiado 'paraíso'.

España, por su parte, que ha sido y es un pueblo de emigrantes, debería ser coherente y elaborar políticas de consenso que pongan en el centro la vulnerabilidad migrante. El Gobierno ha de velar por los derechos humanos de la infancia y la adolescencia extranjera, sin dejarse llevar por políticas deshumanizadoras. En el año 2025 es totalmente despiadado que lo único que pueda ofrecer la cuarta economía europea a las niñas y los niños tutelados, al cumplir la mayoría de edad, sea el sinhogarismo.

Dicen las lenguas xenófobas

Que este país necesita

Palo largo y mano dura

Para evitar lo peor

Pero yo solo he visto gente

Que sufre y calla, dolor y miedo

Gente que solo desea

Su pan, su pareja y la fiesta en paz.