¿Qué porcentaje de votos debe tener un partido o una coalición para que lo consideremos legítimo? ¿Quién tiene más legitimidad: un gobierno que consigue el poder con un 80% de los votos o una coalición que suma solo un 43%? A simple vista, parece evidente: cuanto mayor es el porcentaje de votos, más legitimidad.

Pero, ¿qué pasa si añadimos la participación? Supongamos que en el primer caso solo vota un 30% del censo y en el segundo, un 90%. De pronto, la foto cambia por completo. Un partido que 'arrasó' solo tiene detrás a 2 de cada 10 votantes posibles; el otro, aunque no llegue al 50% de los votos emitidos, tiene detrás a casi 4 de cada 10.

Si aplicamos esto a España —con unos 35 millones de personas con derecho a voto aproximadamente —, en el primer caso serían unos 10,5 millones de votantes, de los cuales 8,4 millones apoyarían al partido ganador. En el segundo, participarían 31,5 millones de personas y 13,5 millones elegirían a la coalición vencedora. ¿Quién tiene más legitimidad real para gobernar?

Aquí es donde surge un punto clave: en España, la ley electoral no establece un mínimo de participación para que unas elecciones sean válidas. Mientras se cumplan los requisitos legales —censo, mesas, recuento, transparencia—, el resultado se acepta, aunque la abstención sea masiva. La legalidad se cumple, pero ¿es suficiente para garantizar legitimidad social?

La legitimidad es algo más: no se basa solo en la letra de la ley, sino en la confianza de la ciudadanía y en la magnitud del respaldo real. Por eso, cuando la participación es baja, la pregunta vuelve: ¿cuánto apoyo efectivo tienen quienes gobiernan? ¿A quién representan de verdad?

Esta cuestión no es puramente teórica. Si miramos datos reales, la abstención no es anecdótica: detrás de cada gobierno hay una foto oficial… y otra que muestra cuántos ciudadanos lo respaldan de verdad.

Generales 2019: el PSOE gobernó con el 28% de los votos emitidos, lo que representó un 18% del censo total. Sumando Unidas Podemos, la coalición alcanzó algo más del 30% del electorado. En otras palabras: 3 de cada 10 españoles con derecho a voto apoyaron directamente al bloque que formó gobierno.

Cataluña 2021: ERC ganó con el 21% de los votos y formó gobierno con Junts. Con una participación récord a la baja (51%), ERC tuvo el apoyo directo de apenas un 11% del censo catalán. Si sumamos Junts (unos 10% del censo), el bloque de gobierno rondó el 21% del total. Es decir: 2 de cada 10 catalanes respaldaron a los partidos que sostuvieron el Gobierno.

Cataluña 2024: la participación subió levemente al 57%. El PSC, que previsiblemente liderará el nuevo gobierno, logró alrededor del 28% de los votos emitidos, lo que equivale a un 16% del total de electores. Entre 1 y 2 de cada 10 ciudadanos serán la base real del próximo Ejecutivo catalán.

Arona (Tenerife, 2023): solo votó un 39% del censo. La coalición de PP, Coalición Canaria y Vox sumó apenas un 16% del total de electores. En otras palabras: 1 de cada 10 vecinos respalda al equipo de gobierno municipal.

Arrecife (Lanzarote, 2023): participación del 42%. PP y CC formaron gobierno local con apoyos que representaron solo un 20% del censo. Es decir: 2 de cada 10 personas eligieron al bloque que gobierna.

La Línea de la Concepción (Cádiz, 2023): un partido local arrasó con el 75% de los votos, pero como la participación fue del 46%, ese “arrasó” equivale a un 35% real del censo. En la práctica: 3 de cada 10 linenses dieron su apoyo a la mayoría absoluta local.

Todos estos casos muestran lo mismo: la foto oficial —quién gana, cuántos escaños tiene— es solo la mitad de la historia. Lo que pocas veces se discute es qué respaldo real tienen esos gobiernos sobre el conjunto de la ciudadanía.

Aquí aparece el dilema de fondo: si la democracia fuera un mercado, la abstención sería como tener millones de clientes potenciales que no compran. Si los partidos fueran restaurantes, esos millones prefieren comer en casa.

No se trata solo de apatía: la abstención es plural y desigual. Hay quienes no confían, quienes creen que sirva de nada, quienes votarían si hubiera algo nuevo en la carta… El perfil del abstencionista no es único: abarca desde la más absoluta indiferencia, desconfianza o desconocimiento, hasta perfiles críticos y bien informados que entienden el voto como innecesario porque creen que su derecho está intacto aunque no lo ejerzan. Lo que sí sabemos es que, en términos de mercado, hay un nicho inmenso sin atender. Y, paradójicamente, en número, a veces representan la opción más 'votada'.

"El perfil del abstencionista no es único: abarca desde la más absoluta indiferencia, desconfianza o desconocimiento, hasta perfiles críticos y bien informados que entienden el voto como innecesario porque creen que su derecho está intacto aunque no lo ejerzan"

Si estuviéramos en un mercado normal, tarde o temprano surgiría una empresa o varias con una propuesta nueva para captar ese espacio no cubierto. Pero en política, crear un partido de cero no es tan fácil. El bipartidismo reinó durante años en España por muchas razones, y una de ellas es esa.

Sin embargo, vivimos en una época en la que casi todo puede digitalizarse y donde el acceso al conocimiento es más barato y rápido que nunca. Tenemos cursos, vídeos, herramientas... A veces solo falta tiempo. Si podemos formarnos de forma gratuita en casi cualquier tema gracias a YouTube, ¿de verdad lo único que podemos hacer es votar cada cuatro años?

Y, sobre todo, ¿un gobierno que llega al poder con el voto de solo 2 de cada 10 ciudadanos no puede hacer nada para enriquecer la legitimidad de sus decisiones? Es evidente que sí puede.

De hecho, hoy ya existen portales de transparencia, audiencias públicas, presupuestos participativos. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, existe un portal de participación que permite a la ciudadanía responder a encuestas, proponer mejoras para futuras leyes o dejar comentarios para que se tengan en cuenta, siempre de forma pública, con resultados abiertos y seguimiento.

Por ejemplo, ahora mismo está abierto un proceso llamado Salud y Sociedad, lanzado por la Consejería de Sanidad para construir un 'Modelo de Participación Social en Salud en Castilla-La Mancha'. Básicamente, consiste en recoger las preferencias de los castellanomanchegos mediante un formulario para integrarlas en la definición de cómo queremos que sea ese modelo de participación en salud. Le invito a participar: el modelo se creará sí o sí, pero mejor si se incluye su opinión (y la de todos).

No se sorprenda si no conocía estos espacios de participación. Yo mismo los descubrí hace poco. Y ahí está uno de los grandes retos de estas iniciativas: ¿cómo enganchar a la gente? Porque estas herramientas no son un fin en sí mismas: son un medio. Para que funcionen, la administración debe equilibrar interés, facilidad y conocimiento. Es mucho más probable que alguien participe si: la forma de hacerlo es sencilla, si el tema le importa y si entiende bien sobre qué opina o puede formarse para ello.

Seamos sinceros: ni quiero ni tengo la capacidad de opinar con sentido sobre una regulación de pesticidas en la vid manchega. Que los políticos me inviten a participar suena bien, pero si mañana tengo que seguir trabajando para pagar el alquiler, no voy a meterme a estudiar agricultura, economía y ecología para acercarme a comprender todas las posibles consecuencias de mi participación.

Pero no todo tiene por qué ser tan técnico o alejado de la gente. Hay ejemplos de procesos participativos claros y directos. Uno reciente es la consulta popular en Sevilla sobre el modelo de la Feria de Abril. Se pidió a la ciudadanía elegir entre dos opciones: feria de lunes a domingo o de sábado a sábado. Votaron más de 100.000 empadronados, cerca del 20% de la población de la ciudad. Puede parecer poco, pero en comparación con otros procesos participativos es una cifra altísima. Y no solo eso: es un ejemplo perfecto de las tres claves que mencionábamos. A un sevillano le importa su feria (interés), elegir entre dos opciones es fácil (facilidad) y todo el mundo sabe cómo es cada modelo porque lo ha vivido (conocimiento). Además, se podía votar online o en puntos presenciales.

En definitiva, un gobierno no tiene que depender solo de la legitimidad que le otorga una elección cada cuatro años. Hay mecanismos y acciones que pueden reforzar la legitimidad de las decisiones que se tomen durante el mandato. Hoy, la tecnología ofrece oportunidades como nunca antes. No solo es una oportunidad: es casi un deber de la administración explorar y usar bien estos recursos.

Así que le devuelvo la pregunta: ¿es más legítimo un gobierno que ganó con el 43% de los votos en una elección con alta participación, pero que después impone todas sus medidas sin consenso y contradiciendo su propio programa? ¿O uno que ganó con el respaldo de 2 de cada 10, pero que gobierna tomando decisiones de forma abierta, compartida y participada?